Lo que está pasando en Comfenalco Santander merece toda la atención no solo de sus afiliados y usuarios, sino también, de todos los santandereanos y las autoridades competentes.
La entidad expidió un comunicado sin firma en el que asegura que se está desinformando sobre su situación administrativa, que no existe ningún detrimento fiscal alguno y que nunca recibió recursos por las obras del Fondo Adaptación que hoy los tiene contra la pared. Pero lastimosamente, eso no es verdad.
Hoy existe una decisión en firme de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República (auto del 2 de septiembre de 2026) que revocó la absolución de primera instancia, la declaró responsable a título de culpa grave por $23.213 millones y la inhabilitó para contratar con el Estado hasta septiembre de 2031, en caso de no pagar esa sanción.
Y no es la primera vez: en 2023 ya había sido condenada a pagar $5.443 millones por 138 viviendas para damnificados en San Pablo (Bolívar) que nunca se terminaron ni entregaron. Gracias a una auditoría de la Contraloría de Santander a las vigencias 2021 y 2022, se encontró que, con autorización del Consejo Directivo, la Caja tomó $6.099 millones de recursos parafiscales para pagar un “Crédito Fondo de Adaptación”, sin plazo de devolución. En esos dos años usó $21.865 millones de esos mismos recursos en proyectos propios, y al cierre de 2022 no habían regresado $15.268 millones, lo cual fue calificado por la Contraloría como un hallazgo con incidencia fiscal, disciplinaria y penal.
¿Y esto por qué es importante? Porque esa plata no es de sus directivos y ni siquiera es la Caja: es el 4 % que las empresas pagan para los trabajadores de menores ingresos y sus familias.
Entonces hagan la cuenta: La primera condena ya costó $5.518 millones por la transacción con su aseguradora y si se paga la segunda con recursos de Comfenalco, esa transacción superaría todo lo que se entregó en subsidios de vivienda en el año 2025, sobrepasaría todo lo invertido en primera infancia y jornada escolar para 58.684 niños vulnerables, y es casi seis veces lo que la entidad destinó a nutrición infantil y madres gestantes. Con esa plata se pagarían unas 400.000 cuotas monetarias. Se iría casi todo lo que a la Caja le sobró en 2025 para reinvertir en sus afiliados. Y si se repartiera en sus beneficiarios, le tocaría unos $90.000 a cada uno de sus 256.144 trabajadores. ¡Y aún así tienen el descaro de escribir que no pasa nada!
El fallo de la Contraloría los inhabilitó para contratar con el sector público, lo cual produce unas graves consecuencias financieras. Un ejemplo de ello es que la Alcaldía de Rionegro decidió terminar de manera unilateral un contrato al encontrar que Comfenalco había aportado un certificado de “antecedentes no vigentes”. Y de la misma forma la alcaldía de Bucaramanga decidió suspender los contratos de bienestar de los empleados, al igual que lo hicieron en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, el Área Metropolitana, la Caja de Previsión Social de Bucaramanga, y un largo listado más de entidades que se va a seguir acrecentando a medida que la sanción fiscal siga sin resolverse.
A pesar de lo delicado del asunto, el comunicado de Comfenalco falta a la verdad cuando dicen que no recibieron recursos, porque la condena es clara frente a $231.539.911 que el Fondo le pagó a Comfenalco por la interventoría de Villa Daniela (orden de pago 2398 del 14 de junio de 2018). Y los condenaron porque las obras las dejaron inconclusas “a pesar de haber recibido los recursos financieros”.
Lo peor que le puede pasar a una Caja de Compensación Familiar, no es que su director afronte ante la Fiscalía General de la Nación un proceso por violencia intrafamiliar agravado (680016008828202102752), otro por acoso sexual (680016000160202152745), uno más por fraude procesal (680016000160201102071) y otro por violación de los derechos de reunión y asociación (680016000160202534897), sino que le mienta a los afiliados frente a la verdadera situación financiera de la entidad.
