El municipio de Guapotá, en la provincia Comunera, está en zona de amenaza sísmica alta. Su coeficiente de aceleración es 0,25, y el Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las fuentes de sismos intermedios más activas del planeta, queda a poca distancia y esto no es una suposición, porque lo dice su propio Plan Municipal de Gestión del Riesgo.
El mismo plan reconoce que la mayoría de sus sedes educativas no fueron diseñadas para resistir un terremoto. Sin embargo, según respuesta oficial de la Alcaldía del 14 de octubre de 2026, ninguna edificación pública del municipio ha sido evaluada sísmicamente. Ni el Centro de Salud San Cayetano, ni el Colegio Manuela Beltrán, ni las escuelas rurales, ni la Estación de Policía, ni siquiera el Palacio Municipal.
Tampoco existe un inventario de edificaciones vulnerables. El plan estima que el 35 % de las viviendas urbanas y el 80 % de las rurales tienen alta vulnerabilidad, pero nadie sabe cuáles son. Y para evaluar o reforzar no hay un peso asignado: todo queda para «considerarse» en el presupuesto de 2027, sujeto a disponibilidad.
La protección financiera es igual de frágil. Los últimos avalúos de los bienes municipales son de noviembre de 2018. Los edificios de seis escuelas rurales no están asegurados, solo sus muebles y equipos, y la infraestructura de servicios públicos tampoco tiene póliza. Si un sismo derriba esas escuelas, el municipio deberá reconstruirlas con recursos que hoy no tiene.
El control urbano muestra el mismo patrón. Desde 2021 no se registra ninguna actuación por obras sin licencia, bajo el absurdo concepto de no existir quejas al respecto. Pero ese control es un deber de oficio del alcalde y de la inspección de policía, y no depende de que alguien denuncie o no denuncia un ladrillo mal puesto.
El problema de Guapotá es el de muchos municipios pequeños: saben que tiemblan, pero no han medido nada. La Directiva 015 de 2026 de la Procuraduría les recordó ese deber. El próximo terremoto puede que no se espera la aprobación del presupuesto de 2027.
