Háganse la siguiente pregunta: si la Universidad de Pamplona no tiene la capacidad de intervenir por sí misma el alumbrado de los senderos peatonales de su campus universitario ¿La tenía para ser la interventora de los contratos de alumbrado público de toda una ciudad como Bucaramanga?
La respuesta es muy simple: NO. Pero la irresponsabilidad es tan grande, que decidieron suscribir dos convenios interadministrativos con la alcaldía por más 4.440 millones de pesos para ser los interventores técnicos, administrativos, financieros y ambientales en obras que cuestan más de 29.00 millones de pesos relacionadas con el mantenimiento (1) y la modernización (2) del alumbrado en la capital santandereana.
Lo más preocupante de esto, es que lo primero que hicieron sin ninguna autorización legal, fue salir a subcontratar para con las empresas JM Construcción y Consultoría S.A.S., GAM Ingeniería S.A.S. y FELGAB S.A.S., los servicios que se suponía iban a prestar, porque era evidente que no tenían ni idea de lo que había que hacer. Y para completar el chiste, los propietarios de estas empresas son contratistas de la secretaría con la que firmaron el contrato: Infraestructura.
En uno de los contratos de interventoría, el de mantenimiento (1) (033 de 2026), la universidad da fe de las labores que realizó el contratista durante el periodo del 16 al 28 de febrero de 2026, y aprobaron un acta de pago por más de 483 millones.
El problema es que la universidad contrató a los profesionales de la interventoría el 22 de abril de 2026, por lo cual dichos pagos los autorizó sin tener ningún personal a cargo, violando así todos los preceptos contractuales en Colombia.
La empresa que trabajó sin interventores es EICON S.A.S., la misma que se ganó el gran contrato de modernización (2) por 20.810 millones de pesos con el cual, supuestamente, se iba a terminar con la corrupción en la Oficina de Alumbrado Público, pero lamentablemente hasta el día de hoy de esas obras -contempladas para hacerse en menos de tres meses- no se sabe nada, y la universidad, encargada de cuidar los recursos, tampoco ha contratado a nadie para cumplir sus labores.
Pero como si todo esto, y lo que en columnas anteriores ya se ha denunciado, no fuera poco, asómbrense un poquito más: el director de la interventoría del contrato de mantenimiento (1) por un valor de 8.281 millones de pesos, contratado por la Universidad, es nada más y nada menos que el ingeniero electricista Marco Antonio López García, un contratista de la misma oficina de alumbrado público de Bucaramanga, que tiene dentro de sus funciones supervisar los contratos de mantenimiento que contrate la alcaldía. Es decir, él mismo supervisa las interventorías en las cuales él mismo trabaja (se supervisa sus propios pagos).
Y la cosa se pone peor. Porque en esa misma interventoría también esta vinculado laboralmente el ingeniero electricista Andrés Peinado Pastrana Gómez, quien es socio del contratista Marco Antonio en la empresa denominada Genercom S.A.S., donde juntos son los dueños del 90% de las acciones en partes iguales (el 10% restante permanece en manos del Suaitano Juan Felipe Ortiz Porras).
Junto con ellos, también está Leidy Bibiana Arenas López, quien fue la representante legal del Consorcio a cargo de la interventoría de la construcción del fallido hospital de Mogotes, y Zaira Johana Bautista Varela, que según información del interior de la alcaldía, fue ex empleada de EICON S.A.S., los dueños del contrato de modernización.
Esto más que vergonzoso, es una prueba irrefutable de la corrupción que se está viviendo con el alumbrado público de la ciudad, sobre lo cual el alcalde Crístian Portilla guarda un absoluto silencio que debe entrar a ser investigado por la Fiscalía General de la Nación, en razón del posible carrusel de contratos que aquí se ha venido demostrando en manos de la ex secretaria de infraestructura María del Rosario Torres Vargas.
A Bucaramanga se la están robando.
