Imagine por un momento que a usted le pagan 1.250 millones de pesos por adelantado. La mitad de un contrato de 2.500 millones, girada el 26 de septiembre. Y nueve meses después usted no ha entregado ni un solo producto. Eso, exactamente eso, es lo que ocurre con el Contrato 176 de 2025 del alumbrado público de Bucaramanga que el entregaron a dedo a la empresa Promotora Energética del Centro de la ciudad de Manizales.
Pero lo que revelan los documentos obtenidos a través de una acción de tutela, y muy especialmente las doce actas de reunión que se han llevado a cabo dentro de este contrato, es peor de lo que se imaginan.
Promotora Energética confesó ante un juez que ella misma no tiene cuadrillas de trabajo. Que las 27 personas que recorrieron las calles de Bucaramanga levantando el inventario de las luminarias pertenecen a una microempresa de Medellín llamada Smart Electric —una S.A.S. con correo de Gmail— a la que le trasladó 2.060 millones: el 82% del contrato por hacer supuestamente lo que más nadie podía ejecutar en Bucaramanga y en el país.
¿Y sabe cómo escondieron a esos trabajadores? Lo dejaron por escrito en el acta del 21 de octubre de 2025: pidieron que en la plataforma oficial no aparecieran los nombres del personal, sino etiquetas anónimas —"Levantador 1", "Levantador 2"—, textualmente "para no estar sujetos a los nombres", con lo cual escondieron a quienes verdaderamente están detrás de esta vagabundería. Y así fue como salieron a la calle con chalecos que llevaban el logo de Promotora y el escudo de la Alcaldía. Fantasmas con chaleco oficial.
Mientras tanto, las pólizas que protegían esos 1.250 millones vencieron el 30 de diciembre. Nadie las renovó. Seis meses de silencio sobre un contrato paralizado, sin garantías y sin resultados manejado por una empresa que funciona por horas en un Coworking encima de un supermercado D-1 en la ciudad de Medellín y que aparte de todo, como lo terminó reconociendo el mismo municipio, no tuvo interventoría porque no contrato a nadie que lo vigilara.
Supuestamente este estudio traería luz y por ahora solo ha traído sombras, facturas y fantasmas. Pero aquí surge la pregunta que se están haciendo todos: ¿Qué pasó con los veedores que se rasgaban las vestiduras en el Concejo municipal e instauraban con show incluido denuncias en la Fiscalía para proteger los recursos de la ciudad? Y mientras se conoce esa respuesta, Cristian Portilla, el encargado de la alcaldía de la ciudad, tendrá que comenzar a dar explicaciones ante las autoridades y ante la ciudad misma.
