Una respuesta oficial de ESSA y un informe técnico del propio contratista del municipio coinciden: la Alcaldía paga el suministro eléctrico del alumbrado público sin contrato bilateral, como exige la ley.
Hay confesiones que las administraciones públicas no pueden controlar, porque vienen de afuera. Y aquí les voy a mostrar dos de ellas extremadamente graves.
La primera la firmó Promotora Energética del Centro S.A.S. E.S.P., contratista escogida por la propia Alcaldía para elaborar el Estudio Técnico de Referencia del servicio de alumbrado público —un contrato de $2.500 millones—. En oficio del 10 de diciembre de 2025, la empresa dejó por escrito que el Municipio "cancela el suministro de energía de manera mensual, pero no tienen la claridad sobre qué parque lumínico realizan el cálculo de la energía y sus costos asociados".
Y agregó que sin contratos formalmente suscritos, sin facturas completas y sin componentes tarifarios identificados, no es técnicamente viable calcular el costo real del servicio que paga el ciudadano.
La segunda llegó hace pocos días. En respuesta a un derecho de petición, la Electrificadora de Santander —ESSA, filial del Grupo EPM— confirmó textualmente que "no existe contrato interadministrativo para este suministro".
El servicio se presta bajo el Contrato de Condiciones Uniformes que rige a los usuarios residenciales y comerciales corrientes. Es decir, la Alcaldía paga la luz de los postes de toda la ciudad como si se tratara de un apartamento más.
¿Cuál es el problema? Que la ley no lo permite. El artículo 7 del Decreto 943 de 2018 ordena, sin matices, que los municipios "deberán celebrar contratos de suministro de energía con destino al alumbrado público". La Resolución CREG 101-013 de 2022 lo ratifica. Y la Ley 1819 de 2016 exige que el impuesto de alumbrado público se calcule sobre costos reales y verificables, con base en un Estudio Técnico de Referencia. Sin contrato, sin medición clara y sin estudio, los miles de millones que cada bumangués aporta cada mes en su factura de luz se calculan, en el mejor de los casos, a ojo.
Por eso resulta importante hacerse tres preguntas: ¿cuántos años lleva el municipio pagando así? ¿Bajo qué soporte jurídico salen esos millones del erario cada mes? ¿Cómo se ha calculado durante todo este tiempo el impuesto que pagamos? La prueba ya está sobre la mesa, firmada por ESSA y certificada por la empresa con la cual le compraron el silencio a un sinvergüenza que pasó de ser un veedor indignado a un sucio borrego de balcón.
Aquí los honorables concejales de Bucaramanga, que aprueban año tras año el cobro del impuesto de alumbrado público, tienen el deber de citar a debate al gabinete, exigir documentos y, si es necesario, suspender los pagos hasta aclarar el panorama, porque aún cuando no lo hayan querido entender, la defensa de los recursos de los bumangueses es su trabajo.
Y en cuanto a la administración municipal y el señor Cristian Portilla, vale decirles que la respuesta de ESSA no la firmó un opositor ni un columnista incómodo. La firmó una funcionaria identificable de una empresa filial del Grupo EPM. La de Promotora la suscribió el contratista que la propia administración escogió, y esa es una razón más que suficiente para exigir explicaciones.
Bucaramanga merece saber por qué su luz pública lleva años saliendo del bolsillo de todos, sin que nadie pueda decir con certeza lo que se está pagando.
