Desde su llegada al Concejo de Bucaramanga, el actuar del concejal Oscar Díaz Laytón ha estado rodeado de cuestionamientos por parte de quienes creen que la dignidad de representar a los ciudadanos, va más allá de ganarse una curul y ser el hijo de un pastor sin rebaño en la ciudad.
El alcalde Jaime Andrés Beltrán podrá honrar su amistad con José de Jesús Díaz Vargas cuantas veces quiera y en los lugares e instancias que él así lo considere. Sin embargo, cuando ese vínculo termina incidiendo en decisiones tan trascendentales como la presidencia de la comisión encargada de revisar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el tema deja de ser personal y se convierte en un asunto de interés público.
La designación de Díaz Laytón para coordinar la revisión del POT resulta cuestionable no solo por su inexistente preparación técnica en temas urbanísticos, sino por su historial de confrontaciones con la comunidad, como ocurrió con los residentes de la Comuna 12, a quienes descalificó abiertamente en medio de un debate por la defensa del espacio público. Díaz tendría que declararse impedido en muchas discusiones sobre urbanismo, en razón de su evidente conflicto de intereses por su relación personal con Karina Marcela Albino Traslaviña, una de las propietarias de una constructora mencionada en controversias comerciales que involucran al ex director del DAPRE y hoy prófugo, Carlos Ramón González.
A lo anterior se suman las denuncias públicas no desmentidas sobre presuntos cobros irregulares con letras de cambio en contratos internos de la alcaldía, así como versiones sobre intromisiones indebidas con sus unidades de apoyo en los procesos administrativos que se adelantan al interior de la inspección urbana, a cargo de Yustin Yesid Nobman Montes. Unos hechos que requieren investigación formal por parte de los entes de control.
Pero el episodio más grave tiene que ver con la denuncia que circula al interior de la Universidad Uniciencia, donde se cuestiona la legalidad de las calificaciones obtenidas por el concejal en tres asignaturas del programa de Derecho. Según algunos estudiantes, Díaz habría recibido una calificación de 5.0 en los tres cortes de Constitucional General, Historia del Derecho y Análisis de Precedente Judicial, sin asistir a clases, presentar exámenes ni intervenir en debates.
Las materias fueron dictadas por el abogado Ramón Eduardo Angarita Rodríguez, quien curiosamente, según el SECOP, ha suscrito contratos en los años 2024 y 2025 con el Instituto de Vivienda de Bucaramanga.
De ahí la importancia que la rectora de Uniciencia María Alejandra Rodríguez Duarte, ordene una seria auditoría ante esta denuncia que podría llegar a afectar la imagen de una institución que ha hecho un ingente esfuerzo por ser un actor importante en la vida académica de la región, lo cual no puede ser corroído por el paso fugaz de un concejal sin votos que tiene como único mérito, ser el hijo de un pastor amparado por la dirigencia cristiana que hoy nos gobierna.
