Metrolínea es un cadáver financiero, y entre más tarden en enterrarlo, más putrefacto se va a poner.
Quienes hoy aplauden la “declaración de movilidad del área metropolitana” y la presentan como un hecho histórico, se les olvida contar una cosa: el único alcalde que hizo presencia en semejante farsa fue el de Bucaramanga, porque nadie más quiere quitarle los recursos a sus municipios para despilfarrarlos, según algunos abogados, en contrataciones amañadas con un solo oferente sin ninguna vigilancia por parte de los organismos de control.
La principal acusación frente a esto surge de la relación contractual con la empresa de transportes Medellín Castilla S.A., otra compañía más de Antioquia que se queda con grandes sumas de dinero de los bumangueses en estos tres años de administración.
El motivo es el arrendamiento de una decena de buses padrón por más de 4.700 millones en menos de seis meses, a lo cual hay que sumarle los más de 600 millones de pesos que literalmente le están regalando al Área Metropolitana de Barranquilla por “monitorear” unos servidores en la nube de google y arreglar un par de torniquetes.
Este último contrato deja en evidencia la forma en que despilfarran los recursos, ya que los propios informes muestran que el 19 de enero se registraron apenas 6.711 transacciones —no todas son pasajes—, concentradas casi en su totalidad en un solo punto: un establecimiento denominado Ext Micromercado Fil To1. De hecho, este único local representó el 99% de todas las ventas de recargas del mes en Metrolínea, por lo que vale la pena preguntarse ¿Para qué se gastan mil millones de pesos en asistencia tecnológica si de 33 puntos de recarga solo uno funciona?
Esto es quizás lo que no está viendo el señor Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de Prosantander cuando sale a aplaudir la creación de una app para comprar pasajes.
Cualquiera pensaría que sus observaciones podrían servir de guía para el mejoramiento de la ciudad, pero la mayor extrañeza es que Remolina tiene una inentendible enemistad con los estados financieros de las entidades públicas. En Metrolínea, la revisoría fiscal plantea una inviabilidad financiera absoluta y un deterioro patrimonial extremo.
El déficit del sistema asciende a más de 146 mil millones, el 79% de las cuentas por pagar están desfinanciadas, y hay más de 400.000 millones en intereses que no se reconocen como deuda en el balance para no mostrar la magnitud total del desangre.
Aplaudir esto solo tiene dos explicaciones: o se es tremendamente perverso, o tremendamente ignorante. A la Contraloría solo le bastaría revisar dos hojas para darse cuenta que están maquillando el déficit.
El 76% del presupuesto de gastos (más de 555.000 millones de pesos) lo están vendiendo como inversión, cuando la realidad es que lo están destinando a cubrir pasivos, disfrazando obligaciones como si fueran desarrollo, ocultando así la crisis y engañando a la ciudadanía sobre el destino real de los recursos públicos.
La otra semana les cuento los actos de corrupción.
