El hoy candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla Pérez, está inhabilitado para ejercer el cargo en caso de ganar las elecciones.
Esa es mi posición jurídica en razón de la existencia del contrato de Plan de Medios 055 de 2025, celebrado entre el Municipio de Bucaramanga y la Unión Temporal Libre Fuente 2025, donde ejerció como supervisor.
Su defensa se fundamentará en alguna jurisprudencia que indique que esa supervisión no tuvo influencia alguna, así como muchos otros me respaldarán al decir que existe, igualmente, otra jurisprudencia que lo niega.
¿Quién tiene que decidirlo? Lo hará un juez de la República; pero, mientras eso pasa, no deja de ser preocupante que la angustia del exalcalde Jaime Andrés Beltrán, al ver fallido su proyecto político, lo haya llevado a tomar una decisión que no le favorece a la ciudad y tampoco a él mismo.
Desde su llegada al poder, y desde este mismo periódico, le manifesté con mucho respeto que las diferencias con los contradictores debían resolverse mediante el diálogo; pero, ante las circunstancias vividas y frente a ese enorme enemigo que tenemos todos los seres humanos llamado ego, dejó a un lado el consejo y siguió su camino. Ese diálogo se perdió con las fuerzas políticas el día que se expidió la sentencia de segunda instancia que lo destituyó por doble militancia, y tuvo que comenzar a configurar su plan B.
No tengo la menor duda de que por su cabeza pasó la intención de lanzarse nuevamente, así como también estoy seguro de que nadie lo hubiera vencido, porque su carisma y capacidad de trabajo en las calles lo habría puesto cien metros adelante. Claro, habría puesto la ciudad en un desorden político inimaginable, pero no habría perdido el poder hasta 2027.
Decidió, entonces, no quedarse atrás y lanzó su apuesta con el abogado Portilla, quien, sin ninguna experiencia en cargos de dirección pública, ha aprendido a decir muy bien “sí señor”. Fue así como renunció al cargo de asesor para alistarse en esta contienda, olvidando que detrás de sí dejaba un importante impedimento que lo inhabilitaba en su intención.
El abogado Holman Ibáñez apostó su tarjeta profesional en un Space de X en la ciudad, manifestando que dicha inhabilidad no existía porque en ningún momento había intervenido en el contrato.
Yo a mis colegas los respeto en el ejercicio de su oficio, porque, al fin y al cabo, es el mismo mío; y por eso no me voy a referir a la forma tan banal de jugarse al azar el honor de ser abogado en este país. Pero sí debo llamar su atención, y la de todos, sobre el documento del día 17 de septiembre de 2025 en el cual Portilla solicitó personalmente la adición en dinero de casi 1.500 millones de pesos para ese mismo contrato.
Esta es la más clara intervención en la gestión de un negocio público, y por eso ese voto está muerto desde antes de contarse.
