Cuando la señora Maybelyn Villamizar Mendez presentó su hoja de vida de la función pública ante el Concejo de Bucaramanga, guardó silencio respecto a su experiencia laboral con la empresa Silco Colombia S.A.S. y dejó en blanco las casillas donde tenía que manifestar sus conflictos de intereses.
De haber actuado con transparencia, los concejales habrían sabido que estaban contratando no solo a la representante legal de un millonario consorcio al interior de la Empresa de Aseo de Bucaramanga y del contrato de la gasolina para los vehículos de la entidad, sino también, de los contratos de aseo y cafetería del Instituto Municipal de Cultura y Turismo que superan los 360 millones de pesos entre 2024 y 2026.
Pero el asunto no termina ahí. El Consorcio Embellecimiento BGA que representa Maybelyn Villamizar, el mismo de los parqueros de la ciudad, al parecer no ostenta los permisos de intermediación laboral que expide el Ministerio del Trabajo, aún cuando tienen a su cargo más de 250 empleados, donde algunos de ellos manifiestan que desde el momento de su contratación no han tenido dotación propia ni jornadas de capacitación, bienestar, y mucho menos un factor prestacional.
Es aquí donde los funcionarios del Ministerio deberían actuar con inmediatez, en vez de estar buscando la forma de quitarle la plata a la salud de los santandereanos aplicando multas sin fundamentos.
El silencio por parte del gerente Gustavo Andrés Avellaneda, frente a lo que está pasando, es increíble. La misma situación se está viviendo con la empresa Ciudad Brillante S.A.S., donde todo se está convirtiendo en un contrato realidad, y el dinero de la EMAB, el cual ya no alcanza para subsistir más allá del mes de agosto de este año, no será suficiente para pagar la avalancha de demandas que le esperan.
El concejo de la ciudad sabe perfectamente lo que está pasando al interior de sus oficinas, y muy especialmente en la del concejal Luís Ávila, quien para el mes de noviembre del año 2023, cuestionó a la ex gerente de Metrolínea Yolima Espinel Blanco por su desempeño al frente del ente gestor, gritándole que allí se gastaban la plata en burocracia y que ella “no servía para un carajo”.
Pero ahora en el 2026, cuando las mismas empresas enquistadas en Metrolínea como Employee Working Resources S.A.S., tienen los contratos más cuantiosos en la EMAB, el mundo se le volvió de colores.
Ese es el problema de poner al ratón a cuidar el queso, porque cuando se encuentran con la sorpresa de que los hermanos de los asesores del alcalde son los que manejan los contratos, se les acaba la pantomima de autodenominarse los defensores del pueblo.
No es fácil asumir posiciones personales frente a esto, pero hay que decirlo con entereza y valor civil: a Bucaramanga se la están robando como nunca antes se había visto. Y si no lo creen, se los demostraré con Metrolínea.
