En Bucaramanga se está a punto de cometer un error demasiado caro: elegir a alguien que, desde el primer día, puede llegar violando la ley. Muchos dicen que son interpretaciones acomodadas, otros que son vergonzosas apuestas de abogados vanidosos, y algunos que son peleas políticas por el poder. Pero el peso de las inhabilidades se convierte en un hecho objetivo, verificable y simple: Cristian Fernando Portilla podría estar inhabilitado para aspirar a la Alcaldía de Bucaramanga por sus actos y por las dudas que rodean su candidatura.
La ley es explícita y prohíbe que una persona aspire a ser alcalde cuando, dentro de los doce meses anteriores a la elección, un familiar cercano —en este caso un cuñado— haya ejercido autoridad administrativa en la misma entidad territorial,
Y en el caso de Portilla, hay un hecho cierto, como lo es la intervención en contratos por su condición de supervisor. A lo cual, algún sector de la opinión, le agrega el hecho de que su cuñado, Jersson Luis Granados Cuao, según la Resolución 030 del 4 de enero de 2024, haya sido nombrado como Subsecretario de Salud Pública de Bucaramanga durante el período prohibido. Este es un cargo directivo, de libre nombramiento y remoción, dependiente del despacho del alcalde, con poder decisorio, manejo de personal, ejecución de políticas públicas y emisión de actos oficiales. Es decir: un cargo que ejerce autoridad en el sentido más estricto del derecho administrativo.
Para la jurisprudencia del Consejo de Estado, todo cargo directivo ejerce autoridad por su sola naturaleza. Así lo ha dicho la Sección Quinta una y otra vez en fallos que ya son doctrina. Así que el mensaje es simple: el pariente de un directivo municipal no podría aspirar a ser alcalde en los 12 meses siguientes. Pero para eso tendría que estudiarse con detenimiento la ley en razón de su grado de afinidad.
Si el período a evaluar es del 14 de diciembre de 2024 al 14 de diciembre de 2025, y la renuncia le fue aceptada a partir del 7 de enero de 2025 según la Resolución 2614 del 27 de diciembre de 2024. ¿Podría tener eso alguna incidencia en la candidatura?
Pero el problema es aún peor, porque después de la renuncia de Granados, el 16 de enero de 2025 lo nombraron asesor del despacho del alcalde según la Resolución 042 de 2025, con lo cual surge otra duda más: ¿Ejerció actividades que pudieran llegar a generar alguna inhabilidad en Portilla? Se tendrán que investigar.
En este punto las dudas son muy delicadas, rayan en el límite de la ley y mandan un mensaje muy desalentador para quien debería brindar un comportamiento íntegro y respetuoso. Cosas como estas pudieron ser las razones por las cuales Portilla renunció a su candidatura, y quisieron esperar hasta el último minuto a que Germán Vargas Lleras les firmara otro acuerdo para salvar la farsa que hoy están ejecutando.
La intención no es atacar por atacar a Portilla, porque él no es más que un ser humano indebidamente manipulado por un demonio que no quiere perder su insignificante poder. Aquí lo que está en juego es la estabilidad institucional de Bucaramanga. Y es por eso que no se puede votar por alguien cuya elección termine siendo anulada en cuestión de semanas, y afrontar otra vez encargados, funcionarios interinos y pleitos interminables.
La candidatura de Cristian está sembrada de dudas, de un aprovechamiento de la función pública para favorecer a sus familiares (su padre ha recibido más de cien millones de pesos en el instituto de cultura entre 2024 y 2025) y de una ineptitud y falta de preparación en lo público para dirigir una ciudad.
Para muchos, apoyarlo no solo sería irresponsable, sino temerario y profundamente desleal con la ciudad. Al final de todo, son ustedes los que deciden.
