Al alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se le dice, pero no escucha; se le muestra, pero no observa; se le advierte, pero no actúa. Durante ocho años —desde 2016— el Banco Inmobiliario de Floridablanca (BIF) fue señalado como una de las entidades con peor imagen de corrupción en Santander. Pero eso no le importó al alcalde Beltrán cuando decidió vincular al Instituto de Salud de Bucaramanga a la gran responsable de ese desastre administrativo: Laura Carolina Manrique Becerra, tía del actual director de Tránsito de la ciudad. Junto a ella aterrizaron en esas oficinas otros rostros bien conocidos, como el abogado Giovanny Humberto Durán, actual jurídico del Instituto, discípulo del célebre Carlos Arturo “Mocho” Rojas y mano derecha de Julio César González, otro exdirector del BIF con historial cuestionado, quien se retiró de la entidad con serios señalamientos por acoso sexual hacia dos funcionarias, y con acusaciones de haber participado, junto al entonces alcalde Miguel Ángel Moreno, en la enajenación irregular de bienes y servicios públicos a favor de particulares. Con la llegada de estos rostros comenzaron a revivir dentro del Instituto prácticas contractuales que ya creíamos superadas desde la época de Rodolfo Hernández: el favorecimiento descarado a amigos de campaña y la entrega de contratos tan amañados que ni siquiera soportan una defensa técnica. Uno de los casos más escandalosos es el contrato para los ascensores del Hospital Local del Norte: 783 millones de pesos entregados el 18 de febrero de 2025 a la empresa Prestigium Ascensores S.A.S., cuyo paquete accionario está en manos de Jeralding Forero Sánchez, Luis Alejandro Martínez Aranda y Elevadores Colombianos S.A.S., esta última actualmente embargada y propiedad de Jhon Anderson Martínez Aranda. Prestigium fue constituida apenas el 14 de agosto de 2024, su dirección de domicilio es falsa y se inscribió en el Registro Único de Proponentes tres meses antes de adjudicarse el millonario contrato, originado en el convenio interadministrativo 280 del 27 de diciembre de 2024 con la Alcaldía de Bucaramanga, un documento tan hecho a la medida, que solo le faltó incluir el nombre del ganador en la carátula.
Pero el descaro no termina ahí. Como si fuera poco, también adjudicaron el contrato de interventoría técnica, administrativa, legal, ambiental, contable y financiera —sí, todo eso— a la empresa MMEM Ingeniería y Construcciones S.A.S., a través del contrato No. 546 del 12 de abril de 2025, una empresa que tiene como domicilio una casa abandonada en el barrio Guanatá de Floridablanca. ¿La dueña? Marcela Carvajal Pedraza, una psicóloga de profesión, oriunda de ese mismo municipio, quien hasta hace poco jamás había tenido empresa alguna y mucho menos en el sector de la ingeniería. Y ahora sí, agárrense: primero, la empresa fue registrada en el RUP apenas unos meses antes de “ganarse” el contrato. Segundo, la señora Carvajal no tiene experiencia técnica ni empresarial en ninguna de las áreas del contrato que ahora está encargada de supervisar. Y tercero, actualmente es contratista como psicóloga del Instituto de Vivienda Municipal de Bucaramanga, según el contrato 036 de 2025, el cual es supervisado por Johana Chávez García, nada más y nada menos que la esposa del director del Área Metropolitana de Bucaramanga. ¿Coincidencias? No. Esto se llama descaro. Pero esto es apenas la punta del iceberg, porque hay que hablar de los más de 25 asesores fantasma del gerente, de la explotación de los trabajadores a través de las cooperativas de servicios y de la falsa modernización de la planta física para justificar la supresión de los empleos creados en los últimos 8 años y volver a convertir al instituto en un foco de burocracia y politiquería. ¿Me querían callar? Mejor busquen de donde agarrarse.
